Apagón telefónico

Apagón telefónico

Por Manuel .M. Montas
Diversas organizaciones civiles y personas muy queridas por nosotros se encuentran promoviendo activamente través de la red un “apagón telefónico” para el próximo fin de semana a manera de protesta frente a las elevadas tarifas de los servicios de telefonía móvil en nuestro país.

A la verdad, el servicio de telefonía digital en nuestro país tiene muchos aspectos mejorables; entre ellos, la cobertura geográfica, la debilidad de la señal (en pleno centro urbano de Santo Domingo existen lugares donde la comunicación por celular es prácticamente imposible), las frecuentes saturaciones en la red, los pesados contratos de servicios por un plazo de 18 o más meses, la demorada implementación de la portabilidad númerica y, muy especialmente, las tarifas.

Cierto es que en la República Dominicana se aplican tarifas muy superiores a las vigentes en otros países del mundo, como los Estados Unidos. Ello se debe fundamentalmente al hecho de que estos países cuentan con mercados más grandes, instituciones públicas más desarrolladas, elevados niveles de competencia entre varias empresas suplidoras, sistemas de cobro más eficientes y una considerable actividad de producción local de los insumos necesarios para suministrar este importante servicio.


Lo que hace falta a fin de obtener una reducción considerable y sostenida de la tarificación vigente en el mercado dominicano es animar al Gobierno Dominicano a crear un marco legal y fiscal mucho más favorable a la instalación de nuevas empresas dedicadas a la venta de servicios de telefonía móvil o a la producción competitiva de los insumos a ella relacionados. No menos importante resulta el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de regulación y supervisión de la actividad empresarial en esta industria.

Hasta entonces, los usuarios dominicanos podrían obtener una pequeña reducción en las tarifas vigentes simplemente mediante la presentación formal de una solicitud expresa en tal sentido, debidamente documentada y firmada por una cantidad considerable de usuarios, ante las empresas y organismos oficiales que participan en el sector; un paso que, a nuestro entender, debería anteceder lógicamente a cualquier forma de protesta ciudadana en este sentido.